Arrimadas se carga el "andalucismo" de Marín al pedir eliminar el término "nacionalidad" blindado en el Estatuto andaluz

A diez días para que empiece la campaña electoral en Andalucía, Ciudadanos ha registrado este lunes en el Congreso una propuesta de reforma constitucional que cercena el término "nacionalidades" para las llamadas comunidades históricas, entre ellas Andalucía. Un término reconoce el mayor rango de autogobierno de la comunidad andaluza, equiparable a la catalana, la vasca y la gallega, que está consagrado en la Carta Magna, pero también en la reforma del Estatuto de Andalucía, aprobada en 2007, previo referéndum.

El artículo 1 del Título Preliminar de dicha reforma, consensuada por todas las fuerzas parlamentarias de entonces -PSOE, PP e IU- y refrendado posteriormente en una consulta popular dice así: "Andalucía, como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la unidad de la nación española y conforme al artículo 2 de la Constitución".

La iniciativa de la dirección nacional de Ciudadanos, que ha dejado boquiabiertos a dirigentes del PP, del PSOE y ex diputados naranjas, ha sido verbalizada por la propia presidenta del partido, Inés Arrimadas, durante un acto en Sevilla para presentar a su candidato a la Presidencia de la Junta, el líder regional de Ciudadanos,Juan Marín. En su intervención posterior, el también vicepresidente de la Junta ha evitado referirse al anuncio de Arrimadas, que compromete su posición institucional y como candidato en un momento crítico para su formación.

El pasado 6 de abril, el propio Marín también sorprendió a los suyos al presentar el "relanzamiento" de Ciudadanos, que concurrirá a los comicios del 19 de junio como "un partido de centro, andaluz y andalucista, porque Andalucía es lo primero". "Algo tenemos que hacer, ¿no?", admitiría días después en una entrevista, al ser preguntado por la posición de Ciudadanos en todos los sondeos, que lo colocan por debajo de los tres diputados. El dirigente naranja anunció un acto de "refundación" del partido en Córdoba, que tuvo lugar hace dos semanas sin mencionar la deriva "andalucista" que había mencionado Marín.

El debate territorial, con epicentro en el conflicto catalanista, tuvo un peso significativo en el auge de Ciudadanos en las elecciones andaluzas de 2018, en las que pasaron de nueve a 21 diputados, permitiéndoles entrar en un Gobierno de coalición con el PP. Tres años y medio después, el conflicto soberanista se ha desinflado, y el partido naranja ha tropezado con el debate territorial a menos de un mes de los próximos comicios, y apenas una semana después de que lo hiciera el PP. "Arrimadas ha venido a lanzar a Marín y nos ha dado un tiro en el pie", dice una parlamentaria naranja.

La presidenta nacional de Ciudadanos, nacida en Jerez de la Frontera el año que se aprobó el Estatuto de Autonomía andaluz, ha acompañado este lunes al líder regional en un desayuno informativo en Sevilla. Arrimadas ha anunciado una proposición no de ley que su grupo parlamentario ha registrado esta mañana en el Congreso para reformar el Capítulo II de la Constitución, con el objetivo de que se elimine la distinción entre "nacionalidades y regiones".

La iniciativa, a la que ha tenido acceso este periódico, consta de dos puntos: "Eliminar la distinción entre “nacionalidades y regiones” del artículo segundo de la CE, que ha dado pie a considerar que hay territorios de primera y de segunda en nuestro país". Y dos: "Cambiar su redacción por otra que blinde la igualdad entre españoles, con el siguiente tenor: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, nación de ciudadanos libres e iguales, patria común e indivisible de todos los españoles integrada por 17 Comunidades Autónomas y dos ciudades autónomas, y garantiza la solidaridad entre todas ellas”. 

La exposición de motivos de la proposición no de ley de Ciudadanos hace una relectura del pacto constitucional consensuado hace más de 40 años por la gran mayoría de fuerzas políticas, e interpreta que aquella redacción del Capítulo II fue "una solución de compromiso durante un tiempo de la Transición en el cual acechaban fuerzas de la reacción, aquellos que intentaban impedir el progreso democrático y los que esperaban ver fracasar el proceso constituyente para poder introducir sus reivindicaciones particulares. Entre ellos estaban determinados grupos separatistas".

Arrimadas ha calificado su propuesta de "valiente y reformista". "Es una iniciativa para que deje de existir en la Constitución la expresión de nacionalidades y regiones, que da a entender que hay territorios de primera y de segunda (...) porque siempre, siempre, siempre a Andalucía se le ha puesto en los territorios de segunda", ha concluido su intervención, en presencia del propio Marín.

La líder naranja ha visto la oportunidad de prolongar la crisis que salpicó la semana pasada al PP, cuando su coordinador general y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, defendió en una entrevista que "España es un Estado plurinacional" y "Catalunya es una nacionalidad, como otras comunidades autónomas". Bendodo tuvo que reconocer "el error" 24 horas después y se apresuró a corregirlo, haciendo una lectura pública del Capítulo II de la Carta Magna, que reconoce el concepto de "nacionalidad" para las llamadas comunidades históricas, esto es, Catalunya, País Vasco, Galicia y Andalucía.

De todas ellas, Andalucía es la única que logró ese estatus de comunidad de primer nivel, con mayor rango de autogobierno, por la vía del referéndum de 1981, que dio lugar al Estatuto de Autonomía, aprobado en el Congreso de los Diputados. Aquel texto, del que participaron millones de andaluces -más otros dos millones que se habían manifestado previamente en las calles- y del que se excluyeron los partidos de derechas, fue reformado en el año 2007, casi en paralelo a la polémica reforma del Estatut catalán. La reforma estatutaria andaluza, ya con el consenso del PP, incluyó en el Título Preliminar la definición de Andalucía como "nacionalidad histórica" y "realidad nacional", que Arrimadas propone eliminar de la Carta Magna porque, dice, "considera a Andalucía una región de segunda".

La iniciativa carga expresamente contra el separatismo catalán y el nacionalismo vasco, pero olvida que Andalucía conquistó su autogobierno "por derecho propio", como defendió el propio vicepresidente de la Junta el pasado 28F, Día de Andalucía. La reinterpretación que hace Ciudadanos del Capítulo II de la Constitución hace difícil conciliar la crítica al independentismo catalán con el autonomismo andaluz, sin embargo, Arrimadas ve el origen del problema en la redacción del texto: "Aunque la redacción del precepto acepta la existencia inequívoca de la nación española, deja la puerta abierta a una torticera interpretación del concepto de nacionalidad, más allá del debido reconocimiento a la diversidad, para justificar soberanías inexistentes y la ruptura de la unidad de España y el orden constitucional. Una vez constituidas todas las Comunidades Autónomas, no hay necesidad de referirse a ningún supuesto sujeto político que coexista con la nación española", reza el texto, para justificar la eliminación del término "nacionalidad" y "región".

El planteamiento de la presidenta de Ciudadanos puede entenderse desde la crítica política, esto es, si se considera una región de segundo nivel por los datos del paro, del fracaso escolar, de una renta per capita inferior a la media, de peores infraestructuras o de inversión sanitaria insuficiente... Pero en términos jurídicos, constitucionales y estatutarios, Andalucía comparte el mismo margen competencial que Catalunya, Euskadi y Galicia -a excepción del régimen foral, exclusivo de Euskadi y Navarra-. Las competencias que hoy tiene la Junta de Andalucía son las mismas que ostenta la Generalitat, por ejemplo, y si carece de la gestión de las prisiones en su territorio o de una Policía Autonómica, como tiene Catalunya y Euskadi, es porque los gobiernos de turno no han querido reclamarlas. Ni antes el PSOE ni ahora el PP y Ciudadanos.

La reforma del Estatuto andaluz de 2007 actualizó el texto que se había aprobado en el 81, e incluyó en el consenso político al PP, que 30 años atrás hizo campaña contra el referéndum (entonces bajo las siglas Alianza Popular). Esa reforma incluye algunos artículos idénticos al polémico Estatut de Catalunya, aprobado en 2006, y que fue recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional, que eliminó algunos de sus preceptos.

Los populares no recurrieron el Estatuto andaluz, de ahí que haya artículos del catalán declarados inconstitucionales que, sin embargo, están en vigor en esta reforma. El entonces presidente del PP-A, Javier Arenas, tuvo que librar un pulso con la dirección nacional de su partido para no quedarse, una vez más, fuera del consenso estatutario, consciente de que el PSOE llevaba 30 años capitalizando la conquista autonomista andaluza y había gobernado durante el mismo tiempo la Junta. Una de las peleas más fuertes que libró Arenas fue precisamente la inclusión del término "nacionalidad" y "realidad nacional" en el preámbulo de la reforma estatutaria.

Hoy día, y en la antesala de unas elecciones andaluzas favorables al PP, el presidente y candidato popular, Juan Manuel Moreno, se erige en el principal valedor del autonomismo, se reivindica como un líder "andalucista", y hace suyos los símbolos del 28F a la par que resignifica algunos capítulos de aquella conquista por el autogobierno, como la figura del ex ministro de la UCD, Manuel Clavero Arévalo, al que ha concedido el título virtual de "padre de la Andalucía moderna".