Hasta 21 años de cárcel por el crimen del parricida desaparecido en Orense
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Ahora la Audiencia Provincial de Orense, acogiéndose al veredicto dictado por un tribunal popular, ha condenado a los dos hombres, Francisco Javer G.H. y Óscar G., a penas de 20 y 21 años de prisión como autores de un delito de asesinato y uno continuado de estafa.
Iglesias Espiño, que se había despedido el diez de agosto de 2018 de sus compañeros de prisión, en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar (Orense), poco se podía imaginar que nunca iba a regresar de ese permiso. Como había hecho en ocasiones anteriores, se dirigió ese fin de semana a la granja de Maside, donde estaban sus amigos y compañeros de prisión, Francisco G. H., y Óscar G. L..
En prisión por el triple asesinato de su mujer y sus dos hijos en las Palmas de Gran Canaria, el ritmo de vida de Espiño se había normalizado, hasta el punto de que nunca había tenido ningún incidente en prisión y disfrutaba del tercer grado, cumpliendo todos los permisos penitenciarios de forma rigurosa. Había disfrutado hasta entonces de ochenta permisos desde que fue excarcelado por vez primera en 2007. De hecho, varios testigos que prestaron declaración en el juicio celebrado en Orense coincidieron en que Espiño había comenzado a reestructurar su vida.
Con un pasado violento detrás de sí, cuando desapareció en el centro penitenciario no cuadraba la fuga, máxime cuando apenas le restaban tres años para cumplir la condena y salir. Aún así, se activaron todas las alarmas a nivel estatal ante una hipotética fuga de un peligroso delincuente.
Entonces, los pasos llevaron a los agentes de la Guardia Civil a detener a dos sospechosos por su supuesta implicación con la desaparición del triple asesino, ambos compañeros de prisión con el compartieron cárcel años atrás y entablaron amistad.
El cadáver de Espiño apareció cuatro meses después de su desaparición enterrado en una finca de la familia de uno de los acusados bajo decena de pollos muertos y con signos de violencia, en concreto «cuatro golpes» contundentes, que le habrían provocado la muerte.
En la sentencia, que es recurrible ante el TSJG (Tribunal Superior de Justicia de Galicia), el magistrado ponente indica que la víctima salió el 11 de agosto de 2018 para disfrutar de un permiso penitenciario y se dirigió, como era habitual, a una explotación agraria donde se encontraban los dos acusados, quienes, siguiendo el plan que habían convenido, la golpearon «con un objeto contundente en la cabeza hasta ocasionarle la muerte». Después, trasladaron el cuerpo del fallecido hasta una finca situada propiedad de la familia de uno de los condenados, donde ocultaron el cadáver.
El jurado considera probado que los dos mataron al preso y se apropiaron del dinero sus tarjetas de débito y de prepago hasta acerse con una cantidad «total de 22.490 euros».
Para determinar su culpabilidad, los nueve integrantes tuvieron en cuenta «el resultado de posicionamiento de los teléfonos móviles, a través de sistema de geolocalización» que situaba a los dos hombres en las zonas donde se produjeron las retiradas del dinero así como una agresión previa a la víctima que tuvo lugar a finales de julio de 2018. También, pusieron el foco el lugar donde apareció el cuerpo. Entonces, uno de los acusados mostró a la Guardia Civil el lugar donde estaba enterrado el cuerpo, circunstancia que ha sido tenida en cuenta como atenuante.