La Audiencia de Zaragoza entierra el caso Gali y blinda penalmente al Gobierno de Sánchez
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha dado carpetazo al caso Gali un año después de que se abrieran diligencias contra la entonces ministra Arancha González Laya y el que era su jefe de gabinete en Asuntos Exteriores, el diplomático Camilo Villarino. El fallo de los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza secunda uno de los principales argumentos en los que basó su estrategia la Abogacía del Estado en defensa de Laya y Villarino: los actos del Gobierno están blindados frente al Código Penal.
«Es un acto político que excede del ámbito de la prevaricación», dicen los magistrados en este auto avanzado por el diario aragonés Heraldo antes de que fuera notificado a la acusación popular, según indicó a ABC el abogado Antonio Urdiales, promotor de esta causa judicial.
La resolución se alinea con las tesis del Gobierno, expresada en su momento por la propia Laya en un tenso careo que mantuvo con el juez instructor Rafael Lasala. «Acto político» fue el término elegido por la exministra en su descargo y el mismo ha sido reflejado por los magistrados en este auto con el que la eximen de responsabilidad penal por lo ocurrido.
Este carpetazo se produce justo un año después de que el juez Lasala decidiera abrir diligencias penales. Apreció indicios de prevaricación, falsedad y encubrimiento en esa introducción encubierta de Gali en España, urdida por el Gobierno de acuerdo con las autoridades argelinas y consumada el 18 de abril de 2020.
Gali llegó gravemente enfermo de Covid. Fue trasladado en un avión de la Presidencia de Argelia, cuyo régimen protege al líder del Polisario, enemigo declarado de Marruecos. En ese momento, Brahim Gali tenía causas pendientes en la Audiencia Nacional. Desde hace años era investigado por delitos de terrorismo, asesinato y genocidio, entre otros. La Audiencia Nacional había pedido en varias ocasiones que fuera localizado para seguir adelante con esas diligencias penales en las que estaba incurso el líder del Polisario, pero la Policía no daba con él. La última petición de localización fue cursada solo cinco días antes de que Gali fuera introducido furtivamente por el Gobierno a través de la Base Aérea de Zaragoza, en una operación coordinada por la ministra Laya a través de su jefe de gabinete, que a su vez recabó la intervención del Estado Mayor del Ejército del Aire.
Para que no constara su entrada en España, Gali no fue sometido a los preceptivos controles de pasaporte y fronteras. Y fue ingresado en el hospital público de Logroño con identidad falsa, con un pasaporte amañado en el que se hizo pasar por un supuesto diplomático argelino jubilado, de nombre Mohamed Benbatouche.
Su presencia en España se acabó filtrando y desató una grave crisis con Marruecos. Para superarla, el presidente Pedro Sánchez cambió radicalmente la posición oficial de España sobre el Sáhara y secundó la tesis de Marruecos. Prácticamente a la par de ese volantazo político, el juez instructor del caso Gali cambió también de criterio, desimputó a Villarino y anticipó la desimputación de Laya.
Ese sobreseimiento parcial fue recurrido por la Abogacía del Estado, por la Fiscalía y por la acusación popular. Abogacía del Estado y Fiscalía pidieron que se desimputara también a Laya. La acusación popular, sin embargo, pidió que se mantuviera la imputación de Villarino y que siguiera la causa contra la exministra. Ahora, la Audiencia de Zaragoza resuelve con el carpetazo de esta causa. No aprecia delito en esa operación clandestina.