El juez confía en el exembajador de Zapatero en Venezuela y rechaza encarcelarle
El magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal no ve que exista riesgo de fuga para el que fuera embajador de España en Venezuela bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por ese motivo ha rechazado volver enviar a prisión a Raúl Morodo y a su hijo, Alejo Morodo, a quienes investiga en el marco de unas diligencias que arrancaron en el año 2019 por el presunto cobro de cantidades millonarias procedentes de la petrolera estatal venezolana, PDVSA.
En un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, el instructor explica que no cabe endurecer las medidas cautelares solicitadas para el diplomático español, el cual compareció este mismo lunes junto con su hijo en sede judicial a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Aunque se acogió a su derecho a no declarar, el magistrado considera que su presencia en la Audiencia Nacional es una muestra más de que no hay peligro de que se fugue del país.
También apunta a que no se ha acreditado riesgo de destrucción de pruebas determinantes para acotar el presunto expolio que se habría cometido desde la esfera chavista a Petróleos de Venezuela. "A día de hoy no existe razón ni sospecha que hagan dudar a este instructor de esa sujeción al procedimiento de Raúl Morodo y Alejo Morodo, pues desde su adopción están cumpliendo escrupulosamente con las comparecencias apud acta que tienen contraídas, tienen retirado su pasaporte y entregado a este juzgado", explica el magistrado al frente del Juzgado Central de Instrucción número 1.
Abascal también recuerda que cuando se les ha concedido permiso de salida "lo han verificado puntualmente" y que han comparecido a cuantos llamamientos judiciales se les han efectuado. De esta forma el auto hace hincapié en que ninguno de los investigados en este procedimiento (entre los que se encuentran más integrantes de la familia Morodo) ha obstaculizado el avance de las pesquisas. Por todo ello le mantiene las medidas actuales (entre las que se incluye la prohibición de salir de España) declinando adoptar lo solicitado por la acusación.
Manos Limpias pide cárcel
El sindicato Manos Limpias solicitó esta misma semana que se acordara prisión sin fianza para el exembajador y su hijo o, subsidiariamente, comparecencias diarias en el juzgado teniendo en cuenta la edad avanzada del diplomático. En su escrito no solo recordó que ambos investigados habían guardado silencio ante el juez tras su citación, sino que se trataba de personas con "extraordinarios contactos en Venezuela" y acceso a "importante patrimonio".
Además precisaron que todo ello, unido a la gravedad de los delitos que se le atribuyen, podría propiciar su fuga de España en un momento clave para esta causa. Es por ello que recurrirán el auto del magistrado, según fuentes del sindicato consultadas por este diario. La respuesta del juez coincide con la ronda de declaraciones acordada para esta semana a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El avance de las pesquisas impulsadas hace ahora dos años llevaron al Ministerio Público a volver a citar a más de una veintena de personas en relación a esta causa abierta por presunto blanqueo de fondos de PDVSA.
Entre los testimonios que quiso recabar la Fiscalía se encontraba el de Raúl Morodo; su exmujer Cristina Cañeque; su hijo Alejo Morodo y la pareja de este último Ana Catarina Varandas. Además de los investigados, Anticorrupción solicitó la testifical de una quincena de testigos, entre los que se encuentra Nervis Villalobos en su condición de exviceministro de Energía durante el Gobierno de Hugo Chávez. A diferencia de los Morodo, que guardaron silencio en sede judicial, Villalobos sí habló ante los investigadores, aunque lo hizo acompañado de su defensa letrada.
Las empresas del entramado
Este beneficio se le concede porque figura como imputado en dos procedimientos abiertos también en la Audiencia Nacional; uno relativo al supuesto expolio de PDVSA y otro en relación a presuntos sobornos de la empresa Duro Felguera a funcionarios y políticos venezolanos. En su declaración, Villalobos explicó que no conocía de nada a los Morodo y que todos los asuntos relativos a la petrolera venezolana no dependían de su Ministerio.
Preguntado por la fiscal en relación a la documentación que encontraron los agentes en el registro de su casa relativa a carpetas sobre Morodo y sus empresas, Villalobos respondió que tenía ese material se lo entregó la policía. En concreto, según expuso, señaló al inspector jefe Bonifacio Díez, procesado en el caso Villarejo por el espionaje a Luis Bárcenas y miembro de la conocida como policía patriótica.
Según fuentes presentes en su declaración, el exalto cargo chavista ha razonado que la Policía acudió a él para pedirle colaboración cuando quebró Banco de Madrid con el fin de rastrear el dinero de las comisiones de PDVSA. Por ese motivo, ha dicho, guardaba la información en su residencia. Además de Villalobos, también desfilaron por sede judicial Carlos Adolfo Prada Gómez; su mujer Marisol Varela y Ana Korina Ulloa. Esta última es la viuda de Juan Carlos Márquez Cabrera, antiguo directivo de Petróleos de Venezuela.
El que fuera director ejecutivo de la petrolera estatal fue encontrado muerto en su domicilio en julio de 2019. Su viuda precisó que participó en los negocios de su marido porque confiaba en él y que la primera vez que tuvo constancia de estas supuestas irregularidades fue tras la apertura de este procedimiento. Por su parte, Carlos Adolfo Prada (exsocio de Márzquez) defendió la legadad de las empresas y dijo que las transferencias giradas estaban todas justificadas.