La Corte Suprema revisará la prohibición federal sobre los aceleradores de disparos
WASHINGTON DC – La Corte Suprema entró este viernes en una nueva batalla sobre los derechos a la portación de armas al aceptar considerar si es legal una prohibición de la era Trump sobre los aceleradores de disparos (conocidos en inglés como “bump stocks”), que permiten que los rifles semiautomáticos disparen más rápidamente.
Tanto el gobierno de Joe Bien como los activistas por el derecho a las armas pidieron a los jueces que abordaran el tema, después de que tribunales inferiores llegaran a conclusiones diferentes sobre el tema.
El caso se refiere al propietario de armas y comerciante autorizado Michael Cargill, con sede en Texas, quien poseía dos aceleradores de disparos antes de que la prohibición entrara en vigor y luego los entregó al gobierno. Cargill presentó una demanda, alegando que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) carecía de la autoridad legal para implementar la prohibición.
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El máximo tribunal de EEUU, de mayoría conservadora, emitió un fallo importante en junio de 2022 que amplió los derechos de posesión de armas, aunque las cuestiones legales que surgen de la prohibición de aceleradores de disparos son diferentes.
QUÉ SON LOS “BUMP STOCKS” Y CÓMO FUNCIONAN
Los aceleradores de disparos son accesorios para rifles semiautomáticos, como las populares armas estilo AR-15. Utilizan la energía de retroceso de apretar el gatillo para permitir al usuario disparar hasta cientos de disparos por minuto.
El gobierno del ahora expresidente Donald Trump impuso la prohibición después del tiroteo masivo en Las Vegas en 2017, cuando el atacante utilizó los aceleradores de disparos para abrir fuego en un festival de música country, matando inicialmente a 58 personas. El pistolero murió por suicidio cuando estaba a punto de ser detenido.
La prohibición de los aceleradores de disparos fue un raro ejemplo de un gobierno republicano, al tomar medidas en materia de control de armas.
La política entró en vigor en 2019 después de que la Corte Suprema se negara a bloquearla. Desde entonces, la Corte Suprema, que ya era de mayoría conservadora, se ha inclinado aún más hacia la derecha, y la jueza Amy Coney Barrett, designada por Trump, reemplazó a la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, quien murió en 2020.
El máximo tribunal, con su nueva mayoría conservadora de 6-3, dictaminó por primera vez en la decisión sobre el derecho a portar armas de junio de 2022 que el derecho a portar armas en virtud de la Segunda Enmienda de la Constitución protege el derecho individual a portar un arma de fuego fuera del hogar. El fallo fue la expansión más significativa del derecho a portar armas desde que la Corte Suprema dictaminó en 2008 que existía un derecho individual a portar armas en defensa propia en casa.
La próxima semana, los jueces escucharán un caso similar que pondrá a prueba el alcance de su fallo de 2022 sobre si las personas acusadas de violencia doméstica tienen derecho a poseer armas de fuego.