El gurú económico de Feijóo cobra un sueldo 60.000 euros superior al que publica la Junta de Andalucía

El nuevo vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, nombrado en abril por Alberto Núñez Feijóo hombre fuerte del área económica del partido, tiene una remuneración en el Gobierno andaluz que está casi un 90% por encima de la que figura en la relación de retribuciones de altos cargos que publica la Junta, donde Bravo ejerce de consejero de Hacienda desde principios de 2019. En su declaración de Hacienda de 2020 viene recogida una remuneración de 127.363,57 euros brutos, pero el sueldo como consejero en el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla es de 68.150,30 euros. En cifras, la diferencia es de casi 60.000 euros.

Así se desprende de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que Bravo, un inspector de Hacienda en excedencia partidario de las bajadas de impuestos y de recortar el gasto público, presentó en los ejercicios 2019 y 2020 y que están publicadas en la web de la Junta de Andalucía..

Esos documentos reflejan que, desde su nombramiento como consejero, los ingresos brutos anuales del cabeza de lista del PP por Jaén en las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio han superado holgadamente los 120.000 euros brutos anuales. Ha recibido más del doble que en los dos ejercicios anteriores, cuando era diputado en el Congreso. Con ello, sus ingresos han vuelto a estar en línea con los que tenía antes de dar el salto a la política. 

Bravo, que como consejero de Hacienda y Financiación Europea es el responsable de elaborar las cuentas públicas andaluzas y determinar los sueldos de sus altos cargos, se ha beneficiado de un complemento oculto que nunca había sido comunicado públicamente y concedido, previo visto bueno de un informe ad hoc hecho por su propio departamento. Ese plus que representa la mitad de su salario y que no se había hecho público parte de su condición de funcionario público y de una una ley autonómica aprobada en 1997.

Consultado por elDiario.es, Bravo reconoce ese complemento opaco pero alega que en Andalucía “existe una cláusula” que lo permite. “Cuando me vengo [a Andalucía] me dicen que puedo arrastrar el sueldo, y digo que sí porque es más”, asegura. En conversación telefónica con esta redacción, explica: “Cuando los que vienen a la Junta son funcionarios, arrastran el último sueldo”. En su caso, según Bravo, el de delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Ceuta, que no es el de un funcionario al uso. Se trata de un cargo de libre designación que abandonó en 2015, poco antes de presentarse a las elecciones y obtener el acta de diputado del PP por la Ciudad Autónoma.

Bravo asegura que su caso no es único y que son muchos los altos cargos que reciben un complemento similar. elDiario.es no tiene noticias de otros políticos que cobren pluses por esa cantidad que prácticamente le lleva a doblar su salario público.

El consejero señala en cambio que “es el procedimiento habitual”: que un informe del servicio jurídico acompañe el reconocimiento del complemento salarial y que se hace para cada caso.

Dicho informe, según Bravo, pasó por la Intervención General de la Junta de Andalucía y, añade, fue la propia Agencia Tributaria la que certificó el sueldo que percibía como funcionario, aunque el salario que se le ha reconocido es el de su etapa como delegado de Hacienda en Ceuta y por tanto el de un cargo de libre designación que se cubrió doce días antes de las elecciones que le permitieron asumir el acta de diputado.

Los datos de sus declaraciones del IRPF reflejan que el importe íntegro de las retribuciones dinerarias que declaró a Hacienda en el ejercicio 2020, último disponible, fue de 127.363,57 euros brutos. En 2019 (fue nombrado consejero en febrero de ese año) ingresó 123.530,01 euros. 

Esto le convierte en uno de los cargos de la Junta que más ingresa, según los datos del portal de Transparencia del Gobierno andaluz. En sus primeros dos años como consejero en el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, sus ingresos ascendieron en total a 250.893,58 euros, según sus declaraciones de IRPF de 2019 y 2020, últimas disponibles.

Es un 85% más (una diferencia a su favor de casi 116.200 euros) si se compara con los 134.964,22 euros que, según la web de Transparencia de la Junta, tenía asignado como retribución como consejero para esos dos ejercicios: 66.813,92 euros para 2019 y 68.150,3 euros en 2020, cantidad que se ha mantenido para 2021 y 2022.

Esas cifras sensiblemente inferiores figuran en unas tablas que el Gobierno andaluz actualiza cada trimestre para detallar los “importes íntegros” de las retribuciones por su puesto de trabajo de cerca de 300 altos cargos, incluyendo al presidente y sus consejeros. Los datos del IRPF de Bravo reflejan que en 2020, último ejercicio disponible y el primero completo como consejero andaluz, sus ingresos fueron un 88% más elevados que el sueldo que figura en esa relación que publica periódicamente la Consejería de la Presidencia. 

Según ese documento que se difunde para dar transparencia a los salarios de los altos cargos, el sueldo de Bravo no llega a los 70.000 euros y estaría ligeramente por debajo de los 69.243,84 euros anuales que recibe el presidente andaluz. Moreno Bonilla, que no es funcionario, declaró en su IRPF de 2020 ingresos brutos de 70.188 euros, incluyendo retribuciones en especie. Por su parte, Feijóo declaró rendimientos del trabajo por importe de 85.601,86 euros en 2021, cuando aún presidía la Xunta de Galicia, según la declaración de bienes que ha presentado tras recoger su acta como Senador.

¿Cómo es posible que desde que fue nombrado consejero de Hacienda Bravo haya cobrado casi el doble del sueldo que le atribuye la Junta en su web? Por una cláusula de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998.

En su disposición adicional séptima, esta norma autonómica establece que el funcionario público designado para ocupar un cargo en la Junta “que mantuviera en el momento del nombramiento una relación de servicio permanente con alguna Administración Pública, no podrá percibir retribuciones inferiores a las que pudieran corresponderle en el puesto de trabajo que desempeñaba en la Administración de origen”.

Y, para compensarlo, recibirá “un complemento personal obtenido por la diferencia retributiva, teniendo en cuenta para su cálculo todos los conceptos retributivos del puesto de origen, con exclusión de las gratificaciones por servicios extraordinarios y del cargo en que han sido designados, en cómputo anual”.

¿Y cuál es el puesto de origen? Un informe de julio de 2005 de la Intervención General de la Junta de Andalucía se expresó así sobre cuál era el criterio a tener en cuenta para aplicar ese plus: “Dados los términos en que está redactada dicha Disposición, esta Intervención General entiende que las retribuciones del puesto de procedencia que hay que tener en cuenta para el cálculo del complemento son las que regían en el momento del nombramiento por Decreto”. 

En el caso de Bravo, se ha tenido en cuenta el puesto más favorable para él. Hasta su nombramiento en la Junta era diputado en el Congreso, y, justo antes de eso, inspector de Hacienda, porque cesó de su puesto de delegado especial de la AEAT en Ceuta. Así, se le aplica la remuneración que tenía como cargo de libre designación del Ministerio de Hacienda durante la etapa de Mariano Rajoy. 

Bravo fue nombrado para ese puesto de la AEAT en Ceuta antes de entrar en política activa, en marzo de 2012, tras la mayoría absoluta del PP. La designación a dedo lo convirtió en uno de los funcionarios mejor pagados de la ciudad autónoma, con unos ingresos superiores a los 100.000 euros anuales. La residencia en ese territorio extrapeninsular permite cobrar una indemnización extraordinaria recogida en un decreto firmado por el dictador Francisco Franco en 1971 que reconoce a los funcionarios un extra del 35% sobre el sueldo, excluidos los trienios por antigüedad, en las “plazas de soberanía del Norte de África”. Bravo niega que lo percibiera y asegura que disfrutaba de una vivienda oficial.

Según fuentes internas de la AEAT, Bravo tuvo unos ingresos brutos en 2014, su último ejercicio completo como delegado en Ceuta, de unos 126.000 euros, que se tradujeron en una retribución neta de unos 86.600 euros. A ese puesto de libre designación en la AEAT también sumó en noviembre de 2015, aunque de forma efímera, el de Delegado de Economía y Hacienda en la ciudad autónoma del departamento que entonces encabezaba Cristóbal Montoro. Solo estuvo una semana: cesó a petición propia el 13 de noviembre de 2015 para ser incluido nueve días después como cabeza de lista del PP por la ciudad autónoma para las generales de ese año.

Bravo sostiene que dicho cargo no tiene remuneración en el caso de Ceuta al sumarse al de Hacienda y que el nombramiento se debió a que la decisión de concurrir a las elecciones se tomó de forma precipitada, al haber fallado otros candidatos del PP, una vez que ya se le había ofrecido el cargo de delegado del ministerio.

El consejero andaluz, cuyo puesto en la AEAT ya había sido cubierto cuando tomó posesión del escaño, vio caer drásticamente sus ingresos tras recoger su acta de diputado en el Congreso. Él mismo cifra la reducción en “4.000 euros al mes” en conversación con elDiario.es. Sostiene que la pérdida se mantiene a día de hoy en el Gobierno andaluz pese al complemento, ya que ha perdido la vivienda oficial de la que gozaba en Ceuta, y por la diferencia impositiva que hay con Andalucía. Además, en las explicaciones que ofreció este miércoles a elDiario.es, destaca que renunció en 2019 a la indemnización por vivienda que le correspondía como consejero.

Según la declaración de rentas que presentó en el Congreso en 2016, en el ejercicio anterior (2015), todavía en Ceuta, obtuvo unos rendimientos del trabajo de 113.282,3 euros. Esta cifra contrasta con los 58.200 euros brutos anuales que percibió en 2017 y 2018, cuando estaba en el Congreso, de acuerdo con las declaraciones de IRPF que posteriormente remitió a la Junta.

Bravo se convertiría en consejero de Hacienda de Andalucía de rebote, tras la renuncia por enfermedad de su antecesor, Alberto García Valera, otro inspector de Hacienda en excedencia que también fue alto cargo con Rajoy. Y pese a que había cesado en 2015 como delegado de la AEAT y de Economía y Hacienda, desde 2019 el actual consejero de Hacienda andaluz ha disfrutado ese complemento personal opaco que toma en cuenta la retribución que tuvo en uno de los puestos mejor remunerados de la Agencia Tributaria. 

A diferencia de Bravo, que nunca había hecho público este plus, hay cargos de su mismo gobierno que sí detallaron voluntariamente las cantidades que perciben por ese complemento. Es el caso del director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez. Según la web de este organismo, tiene un extra de 21.390,24 euros adicionales a su sueldo (63.370,62 euros al año) “por el complemento de antigüedad y el complemento personal previsto en la Disposición Adicional séptima de la Ley 7/1997”. En el caso del nuevo responsable de Economía del PP, esa información nunca ha estado disponible ni para los ciudadanos ni se había contado a los medios de comunicación. 

Según las declaraciones de IRPF disponibles este miércoles en la web andaluza, Bravo es el segundo alto cargo mejor pagado de todo el Gobierno de Moreno Bonilla. Es uno de los pocos (solo hay siete) que están por encima de los 100.000 euros brutos anuales. Solo le supera su mano derecha, el secretario general de Hacienda, Ignacio Méndez Cortegano. 

Inspector de Hacienda como él, además de auditor del Estado, en 2020 Méndez declaró 137.310,54 euros de ingresos en su IRPF. Su sueldo en la Junta, según el portal de Transparencia, es prácticamente la mitad: 64.638,16 euros.

Bravo alega a elDiario.es que él ha “perdido dinero” como consejero “al igual que como diputado”. “Estar en política me cuesta dinero”, concluye la conversación con esta redacción.