Cuatro años de investigación de las oposiciones médicas vascas: "Son minoría los que logran plaza legalmente"
Mientras en el Congreso de los Diputados prosperaba la primera moción de censura de la historia de España y Pedro Sánchez se convertía en presidente del Gobierno, el 1 de junio de 2018 dos medios de comunicación publicaron las primeras denuncias de que se habían producido filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y el sindicato LAB envió un escrito en el mismo sentido. elDiario.es/Euskadi recogió las posibles irregularidades en los exámenes de Anestesia –denunciados por los médicos Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez– y la Cadena Ser las quejas de un miembro del tribunal de Angiología, José María de Egaña. Desde entonces, la bola de nieve empezó a hacerse más y más grande, con hasta una veintena de categorías bajo sospecha, y hoy es el día, cuatro años después, en que el asunto sigue siendo investigado en un juzgado de Vitoria. Pero semanas antes de esas denuncias públicas hubo una primera alerta de un miembro del tribunal de Cardiología, el doctor Ángel Loma-Osorio, que avisó antes del examen de que iba a producirse un pucherazo y lo constató después al ver exámenes perfectos en tantos aspirantes como plazas en juego mientras el resto tenía una media de suspenso ante una prueba muy difícil. Nadie le hizo caso ni se adoptó medida alguna. "Hay todo tipo de apaños y conspiraciones. En los hospitales se habla de esto con toda naturalidad. En mis 40 años de carrera esto ha sido el uso habitual y general. Lamentablemente, también en otros sitios de España. Son claramente minoría las personas que obtienen su plaza legalmente", explica ahora en conversación con este periódico.
Loma-Osorio, jubilado desde 2019, ha contado ya todo esto en el juzgado, ante la Fiscalía e incluso en el Parlamento Vasco, que trabajó en una ponencia medidas para mejorar las garantías de futuras oposiciones. Explica que tuvo la "impresión" de que sus colegas en el tribunal de Cardiología tenían un "propósito" de beneficiar a determinados aspirantes "con una filtración" y que eso lo vio "desde las primeras reuniones". Lo comunicó sin éxito a la presidenta del tribunal, Luisa María Díez Azurmendi. La prueba tenía dos partes. Él fue el comisionado para elaborar la primera y sus compañeros pusieron la segunda. Afirma con rotundidad que "había intención de pasar la información" a los elegidos.
Y salieron las notas. "Cuando se conocieron los resultados, se ve que el primero tenía una curva de distribución de las notas adecuada. Pero, en el segundo, se veía un grupo concreto con un pleno de aciertos, en medio una gran brecha si nadie y el resto suspendidos", explica. Para él, fue la constatación de que se había producido la filtración que temía. "Informé a la directora general de Osakidetza [María Jesús Múgica] y le propuse no ratificar los resultados", señala. Tampoco se actuó entonces, aunque recabó el apoyo de otra doctora del tribunal, Izaskun Obieta. Para Loma–Osorio la OPE de 2018 fue la culminación de décadas de sistema "clientelar" por el cual los jefes de servicio de los hospitales lograban adeptos al ir repartiendo las plazas. No duda en calificar el modelo de "corrupto".
Tres días después de que se hicieran públicas las primeras sospechas, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga y el sindicato ESK hicieron pública un acta notarial con una lista de opositores de Anestesia. Habían adivinado antes del examen quiénes iban a sacar la plaza y lo consideraron una prueba más de la existencia de filtraciones. Además, el análisis de las notas de más de una docena de exámenes mostraba un patrón común: mucha concentración de notas altas y casi perfectas en pruebas difíciles y luego mucha diferente con el resto. Luego se conoció que, además, esos aspirantes con elevada calificación solían ser colegas de hospital de los miembros del tribunal autores de las preguntas. Y años después los pocos exámenes que se han podido revisar muestran que los presuntos beneficiarios de las filtraciones respondieron al cuestionario siguiendo un mismo orden de preguntas –cuando se pueden hacer de manera aleatoria–, con estructuras escritas muy similares y hasta con errores básicos comunes en los mismos conceptos o las mismas palabras clave subrayadas y en mayúscula.
El entonces consejero de Salud, Jon Darpón, y Múgica ofrecieron una rueda de prensa en la sede central de Osakidetza, en Vitoria. En ella, Múgica llegó a agarrar del brazo a Darpón para calmarlo ante las preguntas de los periodistas, algo que también le ocurrió semanas después en el Parlamento Vasco, cuando la oposición empezó a cercarle. Salud recalcó que actuó de manera diligente y desde que conoció las primeras denuncias, esto es, desde el 1 de junio. Omitió siempre las quejas previas de Loma-Osorio, que incluyeron una reunión con Múgica. De hecho, Cardiología no se empezó a revisar hasta que salió también en prensa la sospecha.
Lo que hizo Osakidetza fue encargar una investigación interna, que sería elaborada por funcionarios. Una de ellas era Belén Greaves, exsecretaria del Euzkadi Buru Batzar del PNV, y dijo expresamente en una de las sesiones de trabajo que confiaba en que el asunto no saliera del ámbito "interno". Una de las claves fue que aquellas comparecencias se grabaron íntegramente en audio. Terminada la revisión de Anestesia, Angiología, Cardiología y otras muchas especialidades, la conclusión fue que no había "elementos objetivos" que probaran la existencia de filtraciones. Se encargó una informe externo a la Universidad de Oviedo que llegó a la misma conclusión aunque no pudo negar las anomalías estadísticas de las notas. Y ahí quedó la cosa.
Sin embargo, ESK o LAB acudieron a la Fiscalía. La fiscal superior, Carmen Adán, realizó una primera investigación y sí vio indicios de delito a pesar de contar con los informes de Osakidetza que estimaban que no se habían producido anomalías en la OPE. Remitió el caso al juzgado de Instrucción 2 de Vitoria. En el verano de 2019, este periódico comprobó que el Gobierno había enviado al ministerio fiscal solamente el resumen de sus funcionarios y que le había ocultado las decenas de horas de grabaciones con todas las comparecencias. En ellas, varios miembros de tribunales hablan de "tongo" e incluso un vocal de Traumatología apuntó que los exámenes que corrigió eran "fotocopias" entre sí y con respecto a la plantilla de corrección.
En medio, dimitieron Darpón –aunque el lehendakari, Iñigo Urkullu, siempre ha defendido su gestión y de hecho frenó su dimisión cuando estalló el caso–, Múgica y el director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros. A Darpón –que dio el salto con algunos de sus colaboradores a la aseguradora privada Keralty– le relevó la doctora Nekane Murga, cardióloga. La doctora Obieta, colega de Loma-Osorio, había declarado lo siguiente en la investigación interna: “En la segunda OPE, que es la que pasé, –supongo que no le importara a la doctora Murga que lo mencione– yo estaba en Mallorca. Había hecho el examen, había vuelto, y coincidimos allí antes de que saliera el resultado del segundo examen. Coincidimos en una charla que ella había ido a dar. [...] Como la conocía, cuando acabó fui a hablar con ella. Y entonces ella me comentó: 'Para no tener el examen, lo has hecho muy bien'. [Silencio] Con comentarios como ésos, con lo que ven mis ojitos, con comentarios de ese estilo… Pero vamos, ya le digo, no es una persona en concreto. Es 'vox populi'".
En el juzgado, el caso ha caminado a trompicones. Para empezar, han sido cuatro las magistradas responsables de la investigación. Empezó Yolanda Varona, siguió Ana Jesús Zulueta, continuó Cristina Rodríguez Ruiz y ahora, recientemente, se ha incorporado Blanca Ester Díaz. Todos los funcionarios de ese juzgado salvo una persona también han cambiado en este tiempo. La causa ha sufrido largos parones y ha visto la necesidad de dos prórrogas. La investigación como tal se acabará a finales de julio si no media una nueva ampliación. La tercera de las instructoras, Rodríguez Ruiz, decidió no citar como imputados a Darpón y al resto de altos cargos al entender que no planificaron el fraude de la OPE. Múgica sí compareció como testigo y gozó de la ayuda de un comisario y de dos ertzainas para burlar a la prensa a su salida del Palacio de Justicia, lo que motivó una investigación.
Rodríguez Ruiz también sostuvo que la revisión de los exámenes un caso de irregularidades en exámenes no aportaba nada. “En relación a la aportación de los originales de los exámenes, no resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesariedad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, escribió. Hasta la fecha, solamente han llegado al juzgado una decena de pruebas de Anestesia y todas las de Traumatología.
Ahora mismo, hay veinte personas imputadas. Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y los vocales Alfredo Martínez Flórez, Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica. Finalizada la investigación se debe determinar si hay pruebas para llevar a todos ellos o a una parte a juicio o si, por el contrario, se sobreseen las actuaciones.