Igualdad y las autonomías crean comités de crisis para analizar qué falla en los asesinatos machistas

El Ministerio de Igualdad y las comunidades han acordado este martes, en el marco del Grupo de Trabajo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG), la creación de comités de crisis frente a los repuntes de feminicidios que se han registrado en las últimas semanas, como el acaecido en la última semana de mayo, siendo Andalucía uno de los puntos más problemáticos con tres crímenes en pocos días. También han decidido hacerlo cada vez que se produzcan estos aumentos repentinos del número de muertes: según las cifras oficiales, en lo que va de año 18 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, mientras el año pasado a estas alturas se contabilizaban 17. Tal y como ha explicado la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, estos gabinetes de crisis interinstitucionales (se trabajará con la Federación Española de Municipios y Provincias) deberán servir «para analizar exactamente cuáles son las causas que han posibilitado que exista este repunte». Ayer lunes dijo que se va a ofrecer a las autonomías tres semanas para indagar en esos los fallos del sistema. «Tenemos que ser capaces de sentarnos todos los actores institucionales para analizar, no solamente qué ha salido mal, sino qué debe salir mejor a partir de ahora, analizando los casos e incidiendo en aquellos elementos que fallaron en la detección precoz o incluso en los mecanismos que se deberían haber activado y no se activaron», ha declarado ante los medios. Preguntada por el procedimiento de este grupo, la 'número dos' de Irene Montero ha explicado que ahora trabajarán en su composición y se valorará si es necesario evaluar cada caso concreto o si se pueden analizar ante «una cierta coyuntura» que pueda ser la causante de los repuntes. En todo caso, hasta septiembre no se profundizará en medidas para atajar el problema. Por otra parte, se ha llegado a un acuerdo para reforzar la respuesta de las instituciones ante formas de violencia contra las mujeres como la trata o la explotación sexual. Pacto de Estado contra el Proxenetismo Tal y como ha informado Igualdad, la creación de este eje de trabajo sigue la línea de la anterior Conferencia Sectorial, donde se aprobó un sistema de acreditación socio-asistencial para estas víctimas. Según ha destacado, supone consolidar el compromiso del Ministerio de Igualdad frente a la trata y la explotación sexual. En este sentido, Rodríguez ha señalado que el Estado tiene que estar al lado de las mujeres que «están en situaciones de prostitución y ofrecer salidas para que puedan vivir sus vidas plenas» puesto que, a su juicio, la prostitución no se puede abolir sin medidas de protección a las prostitutas. La secretaria de Estado ha llamado a un Pacto de Estado contra el proxenetismo el mismo día que se va a admitir a trámite la proposición no de ley contra la prostitución del PSOE en el Congreso. Para la secretaria de Estado, las mujeres que se ven forzadas a ejercer la prostitución deben saber que tienen a su lado las instituciones y, al respecto, ha señalado la necesidad de dar a estas mujeres una garantía habitacional, autonomía económica o atención psicológica especializada, entre otras. La consejera de Castilla-La Mancha considera que hay que dotar de financiación suficiente al Pacto de Estado para luchar de manera efectiva contra los crímenes sexistas Además, ha señalado que la mayoría de mujeres en situación de prostitución están en situación irregular, por lo que también considera imprescindible en este caso una modificación de la ley de Extranjería. No es solo por voluntad política Del mismo modo, el Ministerio ha informado de que el acuerdo alcanzado en la reunión también incluye medidas para la permanencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el diseño de mecanismos para la estabilidad presupuestaria y administrativa de los actuales y futuros servicios vinculados a él. Desde Castilla-La Mancha, una de las voces más correosas contra la reunión de hoy ha sido la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, quien ha reclamado presupuesto suficiente para que la prevención y la protección que blinda el Pacto de Estado contra la Violencia de Género a las víctimas sea «efectiva». Fernández no ha asistido a la reunión, sino que ha enviado a su directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Pilar Callado, si bien ha opinado en rueda de prensa que el presupuesto público, después de cinco ejercicios, se agota este año y se tiene que reforzar la financiación de las medidas para luchar contra la lacra. Ha consensuado el objetivo del pacto, pero ha señalado: «Cuando hablamos de prevención y protección no solo podemos hablar de voluntad política, sino de presupuesto público que es lo que hace posible y efectiva esa protección». También se ha acordado mejorar la respuesta a nuevas manifestaciones y ámbitos de la violencia machista como puede ser la violencia contra niños o vicaria, la violencia digital o la violencia económica; así como elaborar un Catálogo de Buenas Prácticas de las políticas y proyectos elaborados por las regiones y Ciudades Autónomas en el marco del Pacto y que estas sirvan como referencia para las futuras políticas públicas autonómicas.