La Abogacía balear retira sus cargos contra Cursach, su mano derecha y la exdirectora general de Turismo
La Abogacía de la Comunidad Autónoma balear, en un nuevo movimiento previo al juicio que arrancará el próximo lunes contra el empresario del ocio Bartolomé Cursach, ha retirado sus acusaciones contra el magnate, su mano derecha, Bartolomé Sbert, la exdirectora general de Turismo del Govern Pilar Carbonell y otro funcionario del Ejecutivo autonómico, Bernardí Seguí. Estos dos últimos habían sido inicialmente acusados de favorecer con sus resoluciones la buena marcha de los negocios del Grupo Cursach.
Mediante un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, la Abogacía anuncia que su retirada de acusación es completa para los cuatro procesados y solicita que se la tenga por apartada, en el momento procesal oportuno, del procedimiento judicial.
Con esta decisión, los servicios jurídicos de Balears siguen los pasos de la Fiscalía Anticorrupción, que la semana pasada tumbó las imputaciones más graves que durante los últimos años han planeado sobre el considerado rey de la noche mallorquina. Entre ellas, por “falta de verosimilitud”, las relativas a las supuestas orgías que, según apuntaban las investigaciones iniciales, fueron celebradas en la discoteca Tito's, buque insignia de Cursach, para agasajar a numerosos agentes de la Policía Local de Palma a cambio de salvaguardar la buena marcha de los negocios del grupo empresarial.
En el caso de Carbonell, quien previamente a su cargo en el Govern había desempeñado funciones en el departamento de Promoción Turística del Ayuntamiento de Calvià, el Ministerio Público la acusaba de mantener contacto directo con Sbert con la finalidad de beneficiar al grupo empresarial encabezado por Cursach. En su escrito inicial, la Fiscalía sostenía que Carbonell, al ocupar el puesto de directora general -del que se vio abocada a dimitir tras su imputación en el caso Cursach- mantuvo este trato de favor desde la administración autonómica, valiéndose para ello de la cooperación de Seguí. Una de las actuaciones que se les imputaban fue la de auspiciar la regularización de las obras de la discoteca Megapark.
La Fiscalía, sin embargo, ha decidido retirar sus acusaciones por prevaricación contra ambos funcionarios al determinar la inexistencia de resolución administrativa alguna dictada por ellos con el objetivo de favorecer a Cursach.
La semana pasada, el Ministerio Público rebajaba de forma drástica sus peticiones de condena contra Cursach y su exnúmero dos: de los ocho años y medio de prisión que reclamaba hasta el momento para el primero solicita ahora un año y medio por pertenencia a organización criminal y prevaricación, dejando fuera los ilícitos de cohecho y coacciones. En el caso de Sbert, reduce su petición de los ocho años y medio iniciales a los tres y medio actuales -en su caso sí mantiene las supuestas coacciones- .
Las modificaciones de pena también afectan a varios de los policías locales que se sentarán en el banquillo por presuntamente hostigar mediante continuas y arbitrarias inspecciones a numerosos locales nocturnos.