Condenados a indemnizar con 272.000 euros a una vecina de Orense por una grave lesión en una operación innecesaria

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado una sentencia que condena a la compañía de seguros DKV a indemnizar con 272.000 euros a una vecina de Orense por las graves lesiones sufridas en una intervención quirúrgica que era innecesaria. La paciente se había sometido a una operación de la hernia discal, practicada por un neurocirujano de La Coruña, y, durante la intervención, el 2 de septiembre de 2016, al médico se le rompió la hoja del bisturí: un trozo de este instrumento quedó alojado entre las vértebras. Se lo encontraron meses después, en un control postoperatorio rutinario. El neurocirujano que la había operado se negó entonces a intervenirla para extraerla, al considerar que era innecesario pues la hoja se encapsularía, sin mayores riesgos para la paciente. Sin embargo, un neurocirujano de Madrid, meses más tarde, consideró que sí se podía extraer utilizando un método novedoso. Así lo propuso. Y esta operación fue un desastre para la salud de la paciente. Después de más de siete horas de intervención, en la que se necesitó transfusionar a la paciente 2,5 litros de sangre, las consecuencias fueron fatales. La paciente, según confirma la Audiencia de Madrid, ha visto desde entonces «gravemente mermada su calidad de vida», especialmente su capacidad de ambulación -no puede moverse de forma autónoma-, con las consiguientes consecuencias para su vida social, doméstica, además del dolor que sufre y la depresión. A mayores, sus patologías en la columna, le dificultan el uso de bastones. La Audiencia de Madrid, igual que había hecho el Jugado de Primera Instancia 36 de Madrid en la sentencia que DKV decidió recurrir, cree que «no hubo mala praxis» por parte del neurocirujano de La Coruña. «No es un accidente infrecuente» y «la acción de sacarlo en ese momento implicaba afrontar un mayor riesgo», valoran. Por el contrario, los jueces sí perciben mala praxis en el caso del segundo neurocirujano. Según el tribunal, «no está demostrado un riesgo vital para ella que justificase la operación». Además, «la técnica utilizada no era adecuada» y «no se informó de modo suficiente y adecuado a la demandante sobre los riesgos». La aseguradora, en su recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, p retendía rebajar la indemnización a 80.000 euros, alegando que era necesaria la intervención «al estar en juego la vida de la paciente». También defendía que la demandante estaba informada correctamente. Y discutía, a mayores, la necesidad de que esta vecina de Orense se tuviera que mudar a otra vivienda por no disponer de ascensor en su casa. A juicio de la aseguradora, podría haber pedido a la comunidad de vecinos la instalación de un ascensor. Un riesgo innecesario La Audiencia de Madrid echa por tierra todos argumentos. Recuerda que cuando se le operó por segunda vez habían transcurrido más de siete meses de la primera intervención, y que la paciente no tenía ninguna sintomatología por los restos del bisturí. No era «necesidad vital» ni tampoco «recomendable» extraer el objeto, concluye la sentencia, notificada este miércoles. «Lo aconsejable era mantener las mencionadas revisiones periódicas, como así se hizo, demostrando que la pieza metálica no se había movido de su posición original en los siete meses y medio transcurridos». Tampoco el método fue el indicado, pues era «una técnica no especialmente diseñada para este fin». « Un riesgo innecesario para la salud, que podría haberse evitado siguiendo otros criterios médicos más experimentados y consolidados», reitera la sentencia. A ello, se le añade «lo inapropiado del consentimiento informado». Y sobre la cuantía de la indemnización, que DKV pretendía rebajar a menos de la tercera parte, los jueces concluyen que «no es admisible» que la solución propuesta sea el intento de exigir a la comunidad de vecinos la instalación de un ascensor. «No es una solución ni rápida ni segura, ni, por supuesta, ajena a conflictos personales, e incluso judiciales, con los demás vecinos», valora la Audiencia de Madrid. «Lo cual supondría incrementar aún más los padecimientos personales de la afectada».